¿Qué le piden las comunidades de Puerto Wilches a Ecopetrol?

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El cumplimiento del Decreto 1668 del 21 de octubre de 2016, por medio del cual se reglamenta la contratación de mano de obra local en aquellos municipios en donde se realicen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Carlos Rincón Silva, uno de los diez representantes de las comunidades en la mesa de negociación con la estatal petrolera, aseguró que esta norma no se cumple en este municipio santandereano. En ella se establece que mínimo 30 por ciento de la mano de obra calificada debe ser del área de influencia. Si esto se cumpliera, mencionó el líder, en el municipio no habría diez federaciones de desempleados, cada una con al menos diez asociaciones conformadas. “Estamos hablando de por lo menos 200 personas por federación, así que saque la cuenta (sic)”, acotó.

Rincón Silva, quien forma parte de la Federación de Desempleados de la Agroindustria, reprochó que la Empresa Colombiana de Petróleos no les haga cumplir a sus aliados estratégicos o firmas contratistas este decreto. De ahí la inconformidad laboral que desde el pasado 21 de julio se hizo sentir a través de una asamblea permanente legal que terminó en varias alteraciones al orden público que durante tres días tuvieron en jaque al campo petrolero Yariguí Cantagallo.

Con el acompañamiento de la Alcaldía de Puerto Wilches, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, al Unión Sindical Obrera, entre otras entidades, cesaron estas vías de hecho y se emprendió un proceso de diálogo que fue instalado este 10 de agosto con la participación de diez representantes de las comunidades. En su desarrollo, se abordará una agenda de 23 puntos priorizados.

“Para garantizar el cumplimiento de los temas relacionados con la contratación de personal, el Ministerio de Trabajo asignó un inspector con sede en Puerto Wilches, que resolverá de manera ágil los temas relacionados con vacantes y procesos de selección, entre otros. El Ministerio de Trabajo anunció, además, que continuarán las auditorías a las empresas contratistas de la zona”, señaló Ecopetrol S.A.

La estatal petrolera adelanta asimismo negociaciones con las comunidades del municipio antioqueño de Yondó, en donde también se presentaron brotes de violencia en el campo petrolero Casabe, debido a señalamientos de falta de responsabilidad social corporativa en su zona de influencia.